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La Generalitat Valenciana lanza ayudas para la realización del informe de evaluación de edificios

La Generalitat Valenciana destinará 2 millones de euros a ayudas para la realización del informe de evaluación de edificios de viviendas (IEEV-CV) en 2021. En la Comunitat Valenciana hay más de 420.000 edificios con una antigüedad superior a los 50 años y el grado de cumplimiento de la normativa que regula la inspección de los edificios no supera el 4%. Con estas ayudas, la Generalitat quiere multiplicar por 4 el ritmo de la realización de estos informes y poder localizar así las necesidades de rehabilitación de estos edificios.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, presentó las ayudas la pasada semana junto a la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática, Laura Soto, y el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio.

Esta convocatoria de ayudas permitirá conocer el estado del parque edificado en pro de diseñar las mejores hojas de ruta, con el fin de materializar los objetivos en materia de sostenibilidad social, económica y medioambiental, tal y como señaló Laura Soto.

Importe y beneficiarios de las ayudas

El IEEV-CV, realizado por un profesional competente en la materia, analiza tres aspectos concretos: el estado de conservación del edificio, el nivel de cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y su eficiencia energética. Todos los edificios de viviendas de la Comunitat Valenciana con más de 50 años, así como aquellos que vayan a recibir ayudas públicas, están obligados a tenerlo.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las comunidades de personas propietarias o personas propietarias únicas de edificios de carácter predominantemente residencial que hayan registrado el IEE con posterioridad a la fecha que se establezca en la correspondiente convocatoria.

El importe protegido del IEEV.CV será el coste facturado del informe hasta un máximo subvencionable en función del número de viviendas del edificio y de la superficie del local del edificio.

En cuanto al importe de las ayudas, habrá una subvención básica del 20% del importe protegido del IEEV-CV, para todas las solicitudes de ayuda correspondientes a edificios con una antigüedad superior a 50 años y que cumplan con los requisitos y documentación exigida, más una subvención adicional, en función de los puntos obtenidos en la baremación, hasta agotar la partida presupuestaria destinada a estas ayudas.

Para la baremación de las solicitudes se mantiene la adopción de los dos criterios de la orden anterior; uno en función del número de viviendas del edificio y otro basado en la categoría catastral de la vivienda, utilizado aquí como indicador el nivel socioeconómico de sus ocupantes.

Alberto Rubio especificó durante la presentación de las ayudas que «se han introducido tres criterios nuevos que inciden en primar las ayudas en aquellos edificios situados en núcleos de población en riesgo de despoblación o en áreas vulnerables (si el edificio se encuentra dentro del área calificada por el Visor de Espacios Urbanos Sensibles como ‘espacio urbano sensible’), o bien porque son o han sido grupos calificados de viviendas protegidas de promoción pública o privada».

Las solicitudes se formalizarán telemáticamente y el plazo para presentarlas finaliza el 30 de junio.

Fuente: construible.es

Las obras se pueden aprobar de forma telemática, pero hay escollos financieros y fiscales para que las ayudas europeas lleguen a las comunidades de vecinos

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) preveía que en 2030 se superara la barrera de las 300.000 viviendas rehabilitadas cada año, 10 veces más que la media actual. Un objetivo ambicioso que ya se ha quedado corto. “Las ayudas procedentes de los fondos europeos nos permitirán avanzar mucho más”, cree Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hay sobre la mesa 6.820 millones de euros que se tendrán que gastar en pocos años. El Gobierno se ha comprometido con Europa a que en solo dos años estén contratadas las renovaciones de 510.000 casas, que deberán estar rehabilitadas antes de 2026. Y para conseguirlo, está tratando de limar los últimos escollos.

Esta misma semana, el Gobierno aprobaba que hasta el 31 de diciembre las reuniones de vecinos podrán celebrarse por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, medida excepcional que facilitará y agilizará la adopción de los acuerdos necesarios para ejecutar las reformas. Aunque la realidad sea que la rehabilitación no está en la agenda de las comunidades, según se desprende de una encuesta realizada por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid: un 80% de las obras solo se realiza por obligación o necesidad. Solo en un 20% de los casos, estas actuaciones surgen por iniciativa de los vecinos.

Otra piedra en el camino es la financiación. El ministerio aprobará un real decreto que establece una serie de ayudas directas de hasta un 100% para la rehabilitación, compatibles con deducciones fiscales en tres tramos (20%, 40% y 60%), aunque hay ciudadanos que tendrán que recurrir al capital privado. Llegados a este punto, existe un problema recurrente que impide que las comunidades de propietarios puedan acceder a las líneas de financiación: la necesidad de un aval bancario que garantice esa inversión. A este respecto, “habilitaremos un acuerdo con el ICO para que a través del ministerio podamos avalar a las comunidades”, explica Saura.

De ventanas a paneles

Este programa de ayudas, que verá la luz antes del verano, se sustenta sobre la base de los ahorros energéticos que se pueden conseguir. Para aquellos edificios cuyas actuaciones (cambio de ventanas, por ejemplo) permitan recuperar la inversión en un periodo corto de tiempo se establecerá una ayuda de entre el 40% y el 50% de la inversión, subvención que podrá ser de entre el 50% y el 70% cuando las medidas implementadas tengan un retorno más largo (rehabilitación integral) o entre el 70% y el 100% si se trata de intervenciones energéticas potentes (instalación de placas fotovoltaicas).

A estas ayudas habrá que sumar los beneficios obtenidos por las deducciones en el IRPF. “Hemos establecido tres tramos: un 20% si se reduce, al menos, un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda; un 40% si la reducción acreditable del consumo de energía no renovable alcanza el 30%, y un 60% si además la calificación energética del edificio pasa a A o B”, explica el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Según Eduardo Brunet, consejero delegado de Greenward Partners, “se ganaría efectividad y alcance si se contemplaran estas bonificaciones fiscales a través de, por ejemplo, ecobonos, con los que el reconocimiento de esa desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en la renovación energética pueda transferirse a inversores que financien la obra y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos”.

Si va a haber una barrera importante, sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad o con bajos ingresos, es que después de recibir la ayuda tendrán que declararla y devolver parte en forma de impuestos. La Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética recoge la posibilidad de analizar la modificación de la Ley de Subvenciones para no computar las ayudas a la rehabilitación de viviendas como ingresos de la unidad de convivencia, si bien el Gobierno no lo prevé, “aunque este incremento patrimonial va a ser claramente compensado con las ayudas y la deducción fiscal”, confirma Saura.

Pero el sector pide más. Por un lado, demanda más incentivos fiscales. “Es necesaria una reducción en el IVA en obras de rehabilitación, pasar del 10% al 5,5% como ocurre en Francia, así como del IBI”, opina Luis Mateo, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat).

Y, por otro, aboga por una gestión de la tramitación de las subvenciones más sencilla. “La experiencia nos demuestra que en muchos programas los fondos no llegan a agotarse. ¿Cómo seremos entonces capaces de gestionar un volumen mucho mayor de ayudas? Los requisitos formales son tradicionalmente exagerados. Desde hace varios años, toda la tramitación debe realizarse electrónicamente y, por tanto, consideramos que, una vez que la comunidad de propietarios dispone de un certificado electrónico que permita esta tramitación, no es necesario realizar más comprobaciones”, cree Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

La estrategia del Gobierno es la de promover “proyectos llave en mano” para las empresas y la creación de oficinas municipales de rehabilitación que se ocupen de gestionar las ayudas. Para Dolores Huerta, directora de Green Building Council España, “los pocos ejemplos que existen, como las oficinas desplegadas por el Gobierno navarro, son muy positivos. Además, en países cercanos como Francia han resultado fundamentales para escalar los proyectos y generar confianza en los ciudadanos”.

Mientras, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de la Construcción (Andimac) propone que la Administración utilice la capilaridad de sus asociados. “Se pueden acreditar las tiendas especializadas como puntos de información y agentes asesores en programas de rehabilitación. Sería posible certificar 3.000 promotores con una capacidad técnico-comercial a coste cero para la Administración. Hablamos de un valor milmillonario que no se está teniendo en consideración, ya que no se abre el foco a la rehabilitación como un mercado de consumo”, dice Sebastián Molinero, secretario de Andimac.

También el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha desarrollado una línea específica de formación para que los arquitectos técnicos puedan facilitar llave en mano los trámites necesarios. “Se trata de gestionar desde la tramitación de la subvención y la financiación hasta la finalización de las obras, con un acompañamiento técnico en todo el proceso”, explica Alfredo Sanz, presidente del CGATE.

Fuente: elpais.com

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, presentado hace unos días por Pedro Sánchez, incluye como cuarta acción política por peso presupuestario, la «Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura».

Uno de los proyectos que incluye es un «Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana», que formaba parte del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos de diciembre 2019 y que ya fue anunciado anteriormente, pero que en este nuevo contexto se refuerza con objetivos más ambiciosos, hasta alcanzar las 500.000 viviendas a rehabilitar en los próximos tres años. Para alcanzarlos será necesario poner en marcha procesos que requieren tiempo, recursos, mucha gestión y participación de la ciudadanía, especialmente en un país con un 79% de las viviendas en propiedad y el 69% -17,2 millones de viviendas- ubicadas en edificios plurifamiliares.

A estas alturas existe un consenso generalizado: la rehabilitación de la edificación contribuye a reducir el consumo energético y con él, la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, es una oportunidad para mejorar la accesibilidad de los edificios, instalando ascensores, y el confort y la habitabilidad interior de las viviendas, cuestión crítica que el confinamiento ha puesto de manifiesto.

Tras años de impulso normativo a la rehabilitación, como lo fue la denominada «Ley de las 3R» de 2013, a partir de la crisis inmobiliaria iniciada en 2008, lo cierto es que el ritmo de viviendas rehabilitadas anualmente en España sigue siendo muy inferior al de países cercanos como Francia y Alemania, situándose en unas 25.000 viviendas al año según los estudios del Observatorio Ciudad 3R. Inevitablemente, surge la duda: ¿cómo se pretende alcanzar la rehabilitación de 500.000 viviendas en tres años que marca el anunciado Plan de Recuperación?

En España tenemos un marco estratégico muy elaborado y bien alineado con los objetivos del Pacto Verde Europeo, que llama a los Estados Miembros a impulsar una «Ola de Renovación» (Renovation Wave) que permita alcanzar el objetivo global de tener un parque edificado descarbonizado en 2050. Este marco incluye la recientemente premiada «Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España», alineada a su vez con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que marca un ritmo de 120.000 viviendas rehabilitadas al año, cinco veces mayor que el ritmo actual en nuestro país. Sin embargo, la experiencia reciente nos indica que algo falla a la hora de llevar a cabo los planes, al pasar del papel a la acción.

Para alcanzar los ambiciosos objetivos estatales de rehabilitación de viviendas, será necesario, además de la coordinación entre departamentos a nivel estatal (IDAE, MITMA, MITECO, Hacienda), que se concreten dichos objetivos en las escalas autonómica y local, y diseñar estrategias específicas de despliegue a nivel municipal, en el marco de las necesidades de regeneración urbana de cada localidad. Por ello, como ya indicaban en 2018 desde los expertos independientes reunidos en el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), los municipios se presentan como piezas clave de actuación en un nuevo marco de cooperación institucional, lo que permitiría coordinar y focalizar los esfuerzos estratégicos y el esfuerzo inversor público, actualmente disgregado en diversas fuentes, como el Plan Estatal de Vivienda, las ayudas del IDAE, los fondos FEDER-EDUSI, las subvenciones locales, etc.

Así, sería recomendable que desde la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas se impulsase la redacción de Estrategias Locales de Regeneración y Rehabilitación, a través de ayudas para su redacción y de su obligatoriedad para acceder a subvenciones y fondos disponibles. Se podría iniciar con los municipios que mayores necesidades de rehabilitación presenten, medida de forma sencilla por el porcentaje de edificios residenciales anteriores a 1980: según datos del INE, los 50 municipios con mayor concentración de viviendas anteriores a 1980 suman un total de 4.633.030, y representan el 60% del volumen total de viviendas de esa antigüedad en España. Para ello, sería preciso establecer una metodología de referencia compartida en todo el país, con indicadores comunes de progreso y de impacto que permitan evaluar su implementación.

Además, dado que la rehabilitación y la regeneración requieren de un importante esfuerzo de gestión en los procesos, es importante dotar a los municipios de recursos para establecer oficinas de apoyo, que incluyan perfiles técnicos, sociales y administrativos, para el despliegue de las estrategias y su concreción en planes concretos por barrio o área homogénea. En este sentido, las experiencias en Navarra (lideradas por Nasuvinsa y las Oficinas de Rehabilitación de Viviendas y Edificios, con la figura de los Proyectos de Intervención Global), Cataluña (con los Planes de Barrio) y País Vasco (con la figura de las Sociedades Urbanísticas de Rehabilitación municipales, y proyectos piloto como SmartEnCity, AGREE y Opengela) pueden servir de referencia.

Por otra parte, el esfuerzo inversor necesario para alcanzar la rehabilitación de 500.000 viviendas en tres años, y la completa descarbonización del parque residencial en 2050 que pide la UE, no va a poder cubrirse con subvenciones públicas. Es por tanto necesario facilitar la financiación para la rehabilitación mediante créditos u otras fórmulas a aquellos propietarios que puedan disponer de ellas, y focalizar las ayudas públicas en las situaciones de mayor necesidad.

Pero lo más importante para poner en marcha procesos de rehabilitación de viviendas es comprender que suponen una importante alteración en la vida de las personas que habitan esas viviendas y barrios. Son procesos que generan molestias e incertidumbre, puesto que atañen a un elemento tan importante de la vida cotidiana como es la vivienda; además, implican una importante inversión para las familias, que en muchos casos no pueden acometer sin ayuda. Por ello, las Administraciones Públicas deben contribuir a generar un entorno de confianza, vital para el buen desarrollo del proceso. Esto incluye una comunicación cercana, transparente y fluida, un marco de ayudas estable y sencillo de gestionar, un sistema de financiación adecuado, y una atención a la diversidad de situaciones familiares y personales.

Hasta ahora la rehabilitación se ha trabajado desde un enfoque generalista («café para todos»): se publican ayudas a la rehabilitación, que solicitan aquellas comunidades de propietarios más organizadas y con mayores recursos para financiar la parte no cubierta por esas ayudas. Esto ha permitido rehabilitar una parte de los edificios residenciales, principalmente los situados en los barrios de Ensanche construidos en el siglo XIX como el barrio de Salamanca, Abando o el Eixample, con un perfil de renta media-alta. Sin embargo, en los barrios donde existe mayor necesidad de rehabilitación de vivienda, construidos principalmente entre 1940 y 1979 (año en el que se publicó la normativa que exigía incluir aislamiento térmico en las fachadas), sigue habiendo una mayoría de edificios por rehabilitar.

En concreto, según los informes del antes mencionado GTR, 10 millones de viviendas principales deberían ser rehabilitadas en los próximos 30 años, con una inversión anual promedio de 7.500 millones de euros/año, que representan aproximadamente el 0,6 % del PIB del país, generando una media de 100.000 puestos de trabajo al año. Ninguna otra actividad relacionada con el Green Deal es capaz de generar tanto empleo. Empleo de calidad, no deslocalizable, e innovador.

Ahí está el gran reto y la gran oportunidad. Esperemos que además de marcarnos objetivos ambiciosos, seamos capaces de dirigir los recursos de forma conveniente para poder alcanzarlos.

Fuente: eldiario.es


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