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Todas aquellas personas dueñas de pisos o casas construidos antes de 1950 que no cuenten con el Informe de Evaluación de Edificios de Viviendas realizado y adecuadamente registrado al finalizar 2021 podrán ser sancionadas

Susto para los propietarios de viviendas en la Comunitat Valenciana que deben realizar un trámite con urgencia para evitar una sonada multa de hasta 6.000 euros. Esta semana, la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Dirección General de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, ha puesto en marcha una campaña de advertencia, mediante un envío masivo de cartas, a aquellas comunidades de propietarios que no hayan realizado el Informe de Evaluación de Edificios de Viviendas (IEEV.CV), pese a estar obligadas a ello.

Según ha señalado el director general, Alberto Rubio, el IEEV.CV es el instrumento «más eficaz» que se dispone en la Comunitat Valenciana para «diagnosticar el estado del parque construido de viviendas, anticipar las actuaciones de urgencia e, incluso, propiciar su adaptación a las necesidades actuales«. De ahí que el cumplimiento de su obligatoriedad sea considerado »prioritario«, según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

El informe de Evaluación de Edificios de Viviendas consiste en una inspección técnica del edificio realizada por una persona facultativa competente donde se recogen aspectos relativos a su estado de conservación, sus condiciones de accesibilidad universal y su eficiencia energética.

De acuerdo con la legislación actual, el IEEV.CV es de carácter obligatorio para aquellos inmuebles de uso residencial vivienda, tanto unifamiliares como plurifamiliares, cuya antigüedad sea superior a 50 años. No cumplir con ello supondrá la apertura de un procedimiento sancionador por infracción urbanística con arreglo a los periodos recogidos en la normativa vigente, señala la Generalitat.
Plazo

El plazo máximo para la elaboración y registro del informe será en función del año de construcción del edificio. De este modo, todas aquellas personas propietarias de viviendas construidas antes de 1950 que no cuenten con el IEEV.CV realizado y adecuadamente registrado al finalizar 2021 podrán ser sancionadas. En el caso de viviendas construidas entre 1951 y 1971 el plazo máximo será el 31 de diciembre de 2022.

Durante los próximos meses se enviarán un total de 106.446 cartas, 10.000 antes de finalizar este mes, a aquellas personas propietarias de viviendas que hayan incurrido en esta infracción urbanística y conminándoles a subsanarla. De lo contrario, se iniciará el correspondiente procedimiento sancionador, con multas que pueden llegar a alcanzar los 6.000 euros.

Fuente: Las Provincias

La Generalitat Valenciana lanza ayudas para la realización del informe de evaluación de edificios

La Generalitat Valenciana destinará 2 millones de euros a ayudas para la realización del informe de evaluación de edificios de viviendas (IEEV-CV) en 2021. En la Comunitat Valenciana hay más de 420.000 edificios con una antigüedad superior a los 50 años y el grado de cumplimiento de la normativa que regula la inspección de los edificios no supera el 4%. Con estas ayudas, la Generalitat quiere multiplicar por 4 el ritmo de la realización de estos informes y poder localizar así las necesidades de rehabilitación de estos edificios.

El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, presentó las ayudas la pasada semana junto a la secretaria autonómica de Arquitectura Bioclimática, Laura Soto, y el director general de Calidad, Rehabilitación y Eficiencia Energética, Alberto Rubio.

Esta convocatoria de ayudas permitirá conocer el estado del parque edificado en pro de diseñar las mejores hojas de ruta, con el fin de materializar los objetivos en materia de sostenibilidad social, económica y medioambiental, tal y como señaló Laura Soto.

Importe y beneficiarios de las ayudas

El IEEV-CV, realizado por un profesional competente en la materia, analiza tres aspectos concretos: el estado de conservación del edificio, el nivel de cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y su eficiencia energética. Todos los edificios de viviendas de la Comunitat Valenciana con más de 50 años, así como aquellos que vayan a recibir ayudas públicas, están obligados a tenerlo.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las comunidades de personas propietarias o personas propietarias únicas de edificios de carácter predominantemente residencial que hayan registrado el IEE con posterioridad a la fecha que se establezca en la correspondiente convocatoria.

El importe protegido del IEEV.CV será el coste facturado del informe hasta un máximo subvencionable en función del número de viviendas del edificio y de la superficie del local del edificio.

En cuanto al importe de las ayudas, habrá una subvención básica del 20% del importe protegido del IEEV-CV, para todas las solicitudes de ayuda correspondientes a edificios con una antigüedad superior a 50 años y que cumplan con los requisitos y documentación exigida, más una subvención adicional, en función de los puntos obtenidos en la baremación, hasta agotar la partida presupuestaria destinada a estas ayudas.

Para la baremación de las solicitudes se mantiene la adopción de los dos criterios de la orden anterior; uno en función del número de viviendas del edificio y otro basado en la categoría catastral de la vivienda, utilizado aquí como indicador el nivel socioeconómico de sus ocupantes.

Alberto Rubio especificó durante la presentación de las ayudas que «se han introducido tres criterios nuevos que inciden en primar las ayudas en aquellos edificios situados en núcleos de población en riesgo de despoblación o en áreas vulnerables (si el edificio se encuentra dentro del área calificada por el Visor de Espacios Urbanos Sensibles como ‘espacio urbano sensible’), o bien porque son o han sido grupos calificados de viviendas protegidas de promoción pública o privada».

Las solicitudes se formalizarán telemáticamente y el plazo para presentarlas finaliza el 30 de junio.

Fuente: construible.es

Las obras se pueden aprobar de forma telemática, pero hay escollos financieros y fiscales para que las ayudas europeas lleguen a las comunidades de vecinos

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) preveía que en 2030 se superara la barrera de las 300.000 viviendas rehabilitadas cada año, 10 veces más que la media actual. Un objetivo ambicioso que ya se ha quedado corto. “Las ayudas procedentes de los fondos europeos nos permitirán avanzar mucho más”, cree Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hay sobre la mesa 6.820 millones de euros que se tendrán que gastar en pocos años. El Gobierno se ha comprometido con Europa a que en solo dos años estén contratadas las renovaciones de 510.000 casas, que deberán estar rehabilitadas antes de 2026. Y para conseguirlo, está tratando de limar los últimos escollos.

Esta misma semana, el Gobierno aprobaba que hasta el 31 de diciembre las reuniones de vecinos podrán celebrarse por videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, medida excepcional que facilitará y agilizará la adopción de los acuerdos necesarios para ejecutar las reformas. Aunque la realidad sea que la rehabilitación no está en la agenda de las comunidades, según se desprende de una encuesta realizada por el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid: un 80% de las obras solo se realiza por obligación o necesidad. Solo en un 20% de los casos, estas actuaciones surgen por iniciativa de los vecinos.

Otra piedra en el camino es la financiación. El ministerio aprobará un real decreto que establece una serie de ayudas directas de hasta un 100% para la rehabilitación, compatibles con deducciones fiscales en tres tramos (20%, 40% y 60%), aunque hay ciudadanos que tendrán que recurrir al capital privado. Llegados a este punto, existe un problema recurrente que impide que las comunidades de propietarios puedan acceder a las líneas de financiación: la necesidad de un aval bancario que garantice esa inversión. A este respecto, “habilitaremos un acuerdo con el ICO para que a través del ministerio podamos avalar a las comunidades”, explica Saura.

De ventanas a paneles

Este programa de ayudas, que verá la luz antes del verano, se sustenta sobre la base de los ahorros energéticos que se pueden conseguir. Para aquellos edificios cuyas actuaciones (cambio de ventanas, por ejemplo) permitan recuperar la inversión en un periodo corto de tiempo se establecerá una ayuda de entre el 40% y el 50% de la inversión, subvención que podrá ser de entre el 50% y el 70% cuando las medidas implementadas tengan un retorno más largo (rehabilitación integral) o entre el 70% y el 100% si se trata de intervenciones energéticas potentes (instalación de placas fotovoltaicas).

A estas ayudas habrá que sumar los beneficios obtenidos por las deducciones en el IRPF. “Hemos establecido tres tramos: un 20% si se reduce, al menos, un 7% la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda; un 40% si la reducción acreditable del consumo de energía no renovable alcanza el 30%, y un 60% si además la calificación energética del edificio pasa a A o B”, explica el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Según Eduardo Brunet, consejero delegado de Greenward Partners, “se ganaría efectividad y alcance si se contemplaran estas bonificaciones fiscales a través de, por ejemplo, ecobonos, con los que el reconocimiento de esa desgravación o crédito fiscal por el importe de la inversión en la renovación energética pueda transferirse a inversores que financien la obra y que tengan base imponible suficiente para aprovecharlos”.

Si va a haber una barrera importante, sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad o con bajos ingresos, es que después de recibir la ayuda tendrán que declararla y devolver parte en forma de impuestos. La Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética recoge la posibilidad de analizar la modificación de la Ley de Subvenciones para no computar las ayudas a la rehabilitación de viviendas como ingresos de la unidad de convivencia, si bien el Gobierno no lo prevé, “aunque este incremento patrimonial va a ser claramente compensado con las ayudas y la deducción fiscal”, confirma Saura.

Pero el sector pide más. Por un lado, demanda más incentivos fiscales. “Es necesaria una reducción en el IVA en obras de rehabilitación, pasar del 10% al 5,5% como ocurre en Francia, así como del IBI”, opina Luis Mateo, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat).

Y, por otro, aboga por una gestión de la tramitación de las subvenciones más sencilla. “La experiencia nos demuestra que en muchos programas los fondos no llegan a agotarse. ¿Cómo seremos entonces capaces de gestionar un volumen mucho mayor de ayudas? Los requisitos formales son tradicionalmente exagerados. Desde hace varios años, toda la tramitación debe realizarse electrónicamente y, por tanto, consideramos que, una vez que la comunidad de propietarios dispone de un certificado electrónico que permita esta tramitación, no es necesario realizar más comprobaciones”, cree Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

La estrategia del Gobierno es la de promover “proyectos llave en mano” para las empresas y la creación de oficinas municipales de rehabilitación que se ocupen de gestionar las ayudas. Para Dolores Huerta, directora de Green Building Council España, “los pocos ejemplos que existen, como las oficinas desplegadas por el Gobierno navarro, son muy positivos. Además, en países cercanos como Francia han resultado fundamentales para escalar los proyectos y generar confianza en los ciudadanos”.

Mientras, la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de la Construcción (Andimac) propone que la Administración utilice la capilaridad de sus asociados. “Se pueden acreditar las tiendas especializadas como puntos de información y agentes asesores en programas de rehabilitación. Sería posible certificar 3.000 promotores con una capacidad técnico-comercial a coste cero para la Administración. Hablamos de un valor milmillonario que no se está teniendo en consideración, ya que no se abre el foco a la rehabilitación como un mercado de consumo”, dice Sebastián Molinero, secretario de Andimac.

También el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha desarrollado una línea específica de formación para que los arquitectos técnicos puedan facilitar llave en mano los trámites necesarios. “Se trata de gestionar desde la tramitación de la subvención y la financiación hasta la finalización de las obras, con un acompañamiento técnico en todo el proceso”, explica Alfredo Sanz, presidente del CGATE.

Fuente: elpais.com


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